Resumen: Se anula una sentencia del TSJ de Cantabria y, en aplicación de una doctrina jurisprudencial ya consolidada, declara el TS que, fuera del estado de alarma, el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, el artículo 26.1 de la Ley 14/1986 y el artículo 54 de la Ley 33/2011, proporcionan cobertura normativa suficiente para la adopción de las medidas que pudieran ser restrictivas del derecho a la libertad de empresa, identificadas en la resolución recurrida en la instancia como medidas para el cierre de interiores en establecimientos de hostelería y restauración. La Sala Tercera acuerda la retroacción de actuaciones al momento procesal inmediatamente anterior a dictar sentencia, a fin de que la Sala de instancia, una vez desestimado el motivo impugnatorio que estimó en la sentencia ahora anulada, analice los demás motivos que se invocaron en el escrito de demanda por la Asociación allí recurrente.
Resumen: Se declara la resolución del contrato de compraventa celebrado entre las partes de fecha 13-4-2004 con condena a la demandada a abonar a la actora la cuantía de 22.470 €. La cuestión que se plantea es la prescripción de la acción. La Ley 42/2015 que entró en vigor el 7 de octubre de 2015 establecía un nuevo plazo de prescripción de 5 años, si bien y en aplicación del régimen transitorio, en relación a relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2000 y el 7 de octubre de 2005, se les aplicaría el plazo de 15 años previsto en la redacción original del art. 1964 CC. La Sala tras reiterar dichos datos, hace referencia a que en virtud de la DA 4ª del RD 463/2020, de 14 de marzo (Declaración del estado de alarma por el COVID19) los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedaron suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas adoptadas, continuando la suspensión hasta el 4 de junio de 2020, en que se alzó la misma, por lo que habiéndose presentado la demanda el día 28 de Diciembre del 2020, no estaría prescrita la acción. Pero asimismo se plantea la forma de llevar a cabo el computo del plazo, concretamente el día final, y en este sentido y dado que la demanda se presentó el día 28-12-2020, ultimo día del plazo, debe entenderse que el mismo debe transcurrir por entero para que la prescripción se produzca.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto contra la resolución del TEAR por la que se acuerda desestimar la reclamación económico-administrativa interpuesta frente a la resolución del Servicio Territorial de Hacienda que desestimaba la solicitud de rectificación de autoliquidación- devolución de ingresos indebidos por la Tasa fiscal sobre el juego, que se instaba en base a la declaración del estado de alarma y la imposibilidad de llevar a cabo la explotación de las máquinas de juego, pero la Sala considera a la vista de la naturaleza jurídica de esta tasa fiscal y que por ello el hecho imponible esta integrado por la autorización de las máquinas y no por la efectividad de la explotación, por lo que no se vulnera el principio de legalidad ya que también se ha de diferenciar del impuesto sobre actividades económicas, igualmente se examina la diferencia de regulación en la normativa examinada, con respecto a la de otras Comunidades, y por tanto no se consideran aplicables los criterios o decisiones adoptadas por las mismas, ni se vulnera el principio de capacidad económica por la diferencia con otros impuestos cuyo hecho imponible si esta integrado por el ejercicios de actividades económicas.
Resumen: EXCEDENCIA VOLUNTARIA. DERECHO AL REINGRESO. INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. FALTA DE CONTRADICCIÓN.
